Guanajuato.- El Pleno del Congreso local aprobó la reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, formulada por los diputados del PAN, en materia de delitos informáticos.
Las modificaciones establecen la creación de un capítulo denominado Delitos Informáticos, el cual señala que a quien, sin consentimiento del sujeto pasivo, use o entre a una base de datos, sistema, equipos o medios de almacenamiento informáticos, con el propósito de obtener un beneficio indebido, bienes o información para sí o para un tercero; o para conocer, interceptar, interferir, recibir, alterar, dañar o destruir la información o los datos contenidos, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa.
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Y cuando el sujeto pasivo sea el Estado, los municipios o los organismos autónomos, se impondrá de uno a cuatro años de prisión y de diez a cuarenta días multa.
Asimismo, contempla que en caso de que la información sea de instituciones de seguridad pública, se impondrá una pena de cuatro a diez años de prisión y de cuarenta a cien días multa. Y si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá, además, destitución, en su caso, e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.
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También, precisa que las sanciones anteriores se duplicarán cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia, o recaiga sobre los registros relacionados con un procedimiento penal resguardados por las autoridades competentes.
Al hablar a favor del dictamen, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos señaló que “cada vez más aspectos de nuestro día a día dependen de alguna plataforma, red o aplicación; la contingencia de salud por el COVID, el confinamiento y la necesidad de mantener una sana distancia, aceleró el uso de diferentes tipos de software y sistemas para trabajar, estudiar, y hacer compras e informarnos”.
En este sentido, enfatizó en la responsabilidad de actualizar las nuestras leyes conforme a la realidad que vivimos; “la realidad va más rápido que nuestras leyes, y tenemos que considerar que la realidad tecnológica es otra que ha avanzado y que está en nuestras manos poder dar las herramientas para que no se cometan los ilícitos a través de este método”, dijo.
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