Al menos el 30% de los más de 650 asentamientos irregulares que existen en Guanajuato podrán ser dotados de agua potable a partir del próximo año con la aprobación de la ley que promueve el diputado Miguel Ángel Salim, conocida como “Agua para Todos”.

La Iniciativa se convertirá en dictamen en noviembre y, una vez aprobada, entraría en vigor en el 2023 para que los asentamientos que se encuentran en vías de regularización puedan contar con el servicio.

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“Hoy en día en el estado de Guanajuato existen aproximadamente 650 fraccionamientos irregulares, en León aproximadamente 195 fraccionamientos irregulares registrados porque hay otros que no están registrados y de acuerdo a la ley del Código Territorial al día de hoy no se les permite dotar de agua potable si no están regularizados y no tienen su escritura”, dijo en entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana.

El legislador afirmó que, en la mayoría de los casos, el agua no llega a estos asentamientos porque los municipios no los quieren incentivar por ser irregulares, sin embargo, con esta ley podrán contar con el servicio siempre y cuando tengan 10 años de antigüedad, que el asentamiento tenga 30% de población y esté en proceso de regularización.

“Con esas tres características ya tienen derecho a que tengan agua potable, los fraccionamientos irregulares tienen un promedio de 300 hasta 500 lotes, un fraccionamiento irregular que tenga 300 lotes hoy si ya tienen el 30% de asentamiento ya viven 100 familias sin agua”, agregó.

Dijo que las personas que menos tienen son las que más caro pagan el servicio del agua por medio de pipas y cubetas, pero que en el caso de León ya han abordado el tema con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) y está de acuerdo para que al igual que en el resto de los municipios, destine una parte de su recurso para abastecer de agua a estas poblaciones.

“La panacea en este asunto es y ¿Cómo le van a hacer los municipios con los dineros para meter la infraestructura? Y eso cuesta mucho y entonces mi respuesta es que tenemos una deuda social con estas colonias (...) Aquí la ley dice que con estas características les toca, el municipio debe de ser sensible, Sapal tiene que ser sensible”, confió.