La tranquilidad de las personas es uno de los valores más preciados que debemos proteger como sociedad.

Cuando hablamos de extorsión, no sólo nos referimos a un delito que afecta los bolsillos, sino a uno que invade los hogares, roba la paz y pone en jaque la estabilidad emocional de quienes lo padecen. La extorsión no sólo es un acto de intimidación, es una amenaza directa a nuestra seguridad, nuestra libertad y nuestra salud mental.

En Guanajuato, la extorsión es un problema que afecta profundamente a nuestra sociedad. En los primeros meses de 2024, más de 370 denuncias formales se han registrado en el estado, con municipios como Celaya como uno de los más afectados. Este delito no solo obliga a cerrar negocios, sino que mina el desarrollo económico y afecta gravemente la calidad de vida de las víctimas y sus familias. En muchos casos, la extorsión genera trastornos que afectan tanto la salud mental como la convivencia social.

Por eso es necesario tipificar el delito de extorsión desde el momento en que se reciben amenazas, ya sea mediante una llamada o una visita intimidatoria. Actualmente, nuestro Código Penal Federal solo lo considera delito si existe una contraprestación, lo que limita enormemente la posibilidad de actuar ante las primeras señales. Eso es lo que debemos cambiar, permitiendo que las personas puedan denunciar desde el primer contacto intimidatorio, antes de que el daño psicológico y económico sea irreversible.

De esa manera podremos proteger no solo a quienes hoy viven con miedo, sino también enviar un mensaje claro a quienes perpetúan este delito: la extorsión será perseguida y castigada desde el inicio. Además, esto obligará a las fiscalías a actuar de manera proactiva, brindando protección efectiva a quienes denuncian.

Es necesario fortalecer la cultura de la denuncia, pero también garantizar que las personas se sientan seguras al hacerlo. En muchos casos, el miedo a represalias ha paralizado a las víctimas, perpetuando un ciclo de violencia y silencio que debemos romper.
La extorsión es un delito que va más allá de lo económico, afecta el tejido social y destruye la paz de las personas. Como sociedad y como legisladores, tenemos la responsabilidad de actuar con decisión para enfrentar este flagelo y construir un entorno donde todos puedan vivir sin miedo.

Diputado local del PAN
@ErandiBermudez